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Por qué la responsabilidad de las empresas por conductas delictivas hace que la diligencia debida sea más crucial que nunca
La Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Corporativa del Reino Unido de 2023 ("la Ley"), aprobada en octubre de 2023, refuerza los esfuerzos del Gobierno británico para obligar a las empresas a eliminar el fraude, la corrupción y otras actividades delictivas. La Ley, destinada en parte a impedirque"las empresas y otros lleven a cabo actividades ilícitas, o faciliten que otros lleven a cabo actividades ilícitas" mediante el fomento de "la transparencia empresarial y la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y otros delitos en los sectores empresarial, inmobiliario y de negocios del Reino Unido", es una medida significativa de las autoridades británicas para proteger a los consumidores y a las víctimas empresariales.
Uno de los aspectos clave de la Ley es la ampliación del ámbito de quién puede ser considerado penalmente responsable de las actividades delictivas y fraudulentas de las empresas. Ahora, las acciones judiciales pueden ir más allá de las decisiones tomadas por "altos directivos" e incluir actos de "personas asociadas", como "empleados, agentes, filiales y cualquier persona que preste servicios para la empresa o en su nombre, así como empleados de filiales de una empresa".Además, el hecho de que la Ley se centre en las "grandes"organizaciones, y su alcance extraterritorial cuando el acto delictivo "cause perjuicio en el Reino Unido", constituye una poderosa herramienta contra la corrupción y el comportamiento ilegal de las empresas.
La aprobación de la Ley en el Reino Unido sigue una pauta de gobiernos que intentan reforzar el Estado de Derecho y responsabilizar a las empresas. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha puesto un nuevo énfasis en la aplicación de la "responsabilidad individual" en el ámbito empresarial, tal como expuso la Vicefiscal General Lisa Monaco en lo que ahora se conoce como el "Memorándum Monaco". Aunque la Ley se dirige más a las organizaciones que a los individuos, ambos gobiernos están tomando medidas para impedir que las empresas escuden a sus empleados de las consecuencias de sus actos y eludan su responsabilidad.
Aumentar la rendición de cuentas de las empresas incrementando su responsabilidad
Ya se trate de la Ley o del Memorándum de Mónaco, los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos están animando e incentivando a las empresas a desarrollar, reforzar y aplicar programas de cumplimiento para defenderse. Estas medidas proactivas, incluida la demostración de que existían "procedimientos razonables de prevención del fraude", pueden servir como factores "atenuantes"a la hora de hacer cumplir la ley o de emprender acciones judiciales. En el caso de la Ley, según se informa, "será una defensa ante el delito de omisión de prevención de delitos económicos si la organización puede demostrar que contaba con procedimientos de prevención razonables".Incluido en estos "procedimientos razonables" está el proceso de "diligencia debida".
Esta mayor atención de los gobiernos a la prevaricación empresarial hace aún más importante que las empresas lleven a cabo la debida diligencia sobre a quién contratan y con quién se asocian. La atención de las empresas ya no puede limitarse a los directivos y otros ejecutivos, sino que también debe incluir a los consultores y asesores externos. Estas partes, cuyas decisiones y acciones pueden ahora exponer a una organización a la responsabilidad y, en el Reino Unido, a una "multa ilimitada"si sus acciones se consideran delictivas, pueden verse ahora como una amenaza para la empresa si no se investigan adecuadamente. Esta diligencia debida no puede ser un vistazo superficial a una empresa, un consultor o un contratista como medio para avanzar en una relación de trabajo, sino una investigación en profundidad para entender con quién se está asociando y asegurarse de que las asociaciones se alinean con los intereses a largo plazo de la empresa. Una diligencia debida adecuada requiere una investigación centrada en los registros públicos que busque antecedentes penales, litigios civiles, sentencias, escándalos, acusaciones, reputación y otros indicadores que puedan mostrar que la empresa asociada, el consultor externo, el proveedor o el contratista tienen un patrón de comportamiento poco ético que puede suponer un riesgo para la empresa. En algunos casos, también puede ser necesario ir más allá de las fuentes abiertas para identificar fuentes humanas bien informadas con las que hablar en un esfuerzo por determinar si una asociación es lo mejor para la empresa.
Lo más importante
Los gobiernos están enviando un mensaje claro: se toman en serio la persecución de las irregularidades empresariales cuando se adentran en territorio penal. Las empresas deben prestar atención a estas advertencias y comprender que una diligencia debida antes de entablar una relación comercial para saber con quién se está trabajando puede proteger a las empresas de acciones judiciales, sanciones económicas, daños a la reputación o cosas peores.
Las empresas que carecen de la experiencia interna y/o del ancho de banda necesarios para llevar a cabo el tipo de diligencia debida exhaustiva que se requiere para protegerse frente a posibles riesgos deben buscar ayuda. Contratar a un consultor experto en investigaciones, como Guidepost, garantiza un nivel de escrutinio más profundo, ayudando a proteger a su empresa de la exposición legal y a mitigar los riesgos potenciales.
Ian Pillinger
Director
Ian Pillinger es Director en la oficina de Nueva York de Guidepost Solutions. Ex fiscal estatal y funcionario del gobierno federal, el Sr. Pillinger centra su trabajo en Guidepost en investigaciones complejas y multijurisdiccionales, cumplimiento y asuntos de seguridad para organizaciones y particulares.
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